Una ley a las carreras: Editorial de EL TIEMPO
Nada más benéfico para el deporte que ser regido por normas que abran las puertas a la transparencia en la gestión administrativa, que permitan la participación de los actores del espectáculo en la toma de decisiones y que favorezcan la democratización de clubes y federaciones.
Desafortunadamente, el proyecto de ley 264, que busca reformar las reglas de juego que rigen tal actividad en el país, aunque bien intencionado en su estructura general, por causa de sus detalles constituye un paso en la dirección contraria. La ambiciosa iniciativa (la componen 283 artículos) avanza en el Congreso a gran velocidad y sin la deseable socialización con todos los sectores que se verían afectados por su aprobación.
Sus disposiciones en materia de convenios y derechos deportivos, por citar un ejemplo, contradicen abiertamente sentencias de la Corte Constitucional y significarían regresar a tiempos en los que los futbolistas no podían, por ley, disponer de su fuerza de trabajo cuando no contaban con contratos laborales vigentes.
Al establecer que el rol de Coldeportes se limita a la supervisión de las federaciones, es alto el riesgo de que la resolución de los conflictos se vuelva a situar por fuera del marco constitucional
Al establecer que el rol de Coldeportes se limita a la supervisión de las federaciones, quitándole la competencia para aprobar sus reglamentos antes de su expedición, es alto el riesgo de que la resolución de los conflictos, sobre todo los laborales, se vuelva a situar por fuera del marco constitucional, dando pie a vulneraciones de los derechos fundamentales de los deportistas. Así mismo, no toma nota del éxito de lo dispuesto por la Ley 1445 de 2011, que obliga a los clubes a contar con un capital mínimo permanente para pagar sus obligaciones laborales y fiscales.
Este afortunado ejercicio corre peligro al permitir el proyecto la existencia de sociedades por acciones simplificadas deportivas. Una figura que no solo les hace gambeta a las normas que hoy obligan a los clubes a ser verdaderas empresas deportivas, sino que permite, como en nefastos tiempos pasados, que los equipos de fútbol sean propiedad de una sola persona natural.
El tiempo que le resta a este proyecto para ser ley no parece suficiente para todos los ajustes que necesita. Qué bueno sería que el próximo 20 de julio comenzara una discusión a fondo, pausada y abierta sobre el futuro de nuestro deporte y que de ella derive una ley ejemplar. No al revés.
– editorial@eltiempo.com
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