Editorial de la revista EL FUTBOLISTA No. 16 mayo-agosto 2021

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Carlos González Puche
Director Ejecutivo
ACOLFUTPRO

El conflicto legal entre Nacional y Cortuluá ha dejado en evidencia una vez más los graves problemas de fondo que tienen las estructuras del fútbol colombiano en todas sus regulaciones. Siguen apareciendo grietas enormes que ponen en riesgo a todos los que hacemos parte de la industria del fútbol. Lo más grave es que los futbolistas profesionales son los principales afectados, a quienes se les vulneran sus derechos y por eso desde ACOLFUTPRO hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo ante las autoridades como el Ministerio del Deporte y el Ministerio del Trabajo, quienes son cómplices actores, pasivos y silenciosos frente al poder intocable del fútbol.

Para ejemplarizar este atropello, vemos como a los cinco futbolistas que contrató Atlético Nacional para el segundo semestre del 2021, además de no permitirles el ejercicio de su profesión (pues se les contrata para competir, no para entrenar), se les vinculó a un proceso disciplinario por el simple hecho de presentar tutelas para defender sus derechos, amenazándolos con imponerles sanciones de seis meses a cinco años “con la suspensión de toda actividad deportiva”. O sea que los directivos, impunemente, pueden acabar con la carrera de un futbolista. Mientras tanto, las autoridades del gobierno se hacen los de la vista gorda para que continúen operando reglamentos inconstitucionales e ilegales.

Estamos decididos a demostrar, por todos los medios posibles, cómo esos reglamentos vulneran los derechos fundamentales de los futbolistas, motivo por el cual denunciamos a los clubes profesionales, a la FCF y a la Dimayor ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por la conformación de un cartel que afecta el acceso al mercado a los futbolistas e impetramos una acción de tutela para que se nos respete nuestro derecho a la negociación colectiva, por la indolencia del Ministerio del Trabajo para que se negocien nuestras peticiones.

¿Cuál es el temor de las autoridades competentes para hacer respetar nuestros derechos, a pesar de existir norma expresa y jurisprudencia constitucional que obliga, dentro de sus funciones, al director de Coldeportes, hoy Ministro del Deporte, a APROBAR los reglamentos y estatutos de las federaciones? A la fecha, no existe un solo acto administrativo ejerciendo el control de legalidad sobre los estatutos y reglamentos de la FCF y de la Dimayor, para verificar que se ajusten a las normas colombianas. El sistema no puede seguir afectando a sus protagonistas por decisiones empresariales en las que no participan, sometiéndolos a unos reglamentos ilegales.

Es inadmisible que continúen actuando a sus anchas comisiones federativas que no tienen facultades jurisdiccionales, que trasgreden los requisitos establecidos en el Art. 116 de la Constitución Política, para que los particulares puedan, temporalmente, administrar justicia.

El caso de Nacional y Cortuluá ha puesto en el ojo del huracán al fútbol colombiano y las instituciones. Los cambios son urgentes y ese poder intocable no puede ser infinito. Por esa razón no nos queda otra alternativa que recurrir ante los jueces para impedir que se vulneren los derechos de nuestros afiliados.