Los cinco futbolistas del Atlético Nacional, quienes no pudieron ser inscritos para las competencias oficiales, debido a la condena de las comisiones federativas contra el club antioqueño, y a quienes además se les inició investigación disciplinaria por parte de la Dimayor, presentan su posición ante esta nueva vulneración a sus derechos.

Este martes ACOLFUTPRO aportó y solicitó pruebas en la defensa de los estos futbolistas quienes podrían ser castigados con sanciones de seis meses a cinco años por el simple hecho de presentar acciones de tutela para buscar que se amparen sus derechos.

Este es el comunicado firmado por Ruyeri Blanco, Felipe Aguilar, Dorlan Pabón, Nelson Palacio y Yeison Guzmán, apoyados por los directivos de ACOLFUTPRO.

Aquí la transcripción del Comunicado:

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

LA DIMAYOR PRETENDE CASTIGARNOS POR RECURRIR ANTE LOS JUECES

El pasado 3 de agosto la Dimayor ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en contra de los futbolistas del Atlético Nacional que suscribimos este comunicado, por haber pedido a los jueces de tutela que se protegiera nuestro derecho a la dignidad humana y autonomía, los cuales han sido gravemente vulnerados pues nuestras carreras profesionales y laborales se están usando como una garantía o instrumento (como si fueran una prenda o una hipoteca) para respaldar el pago de disputas económicas entre terceros.

Acudimos a los jueces de tutela porque consideramos que una sanción de prohibición de registro de jugadores para un club de fútbol es una medida inconstitucional, desproporcionada e irrazonable, que afecta los derechos de terceros (los jugadores) que nada tienen que ver con el cobro en cuestión. La protección especial que tiene el deporte y, ante todo, los deportistas nacionales, impide que el ejercicio de un derecho fundamental se pueda limitar como un medio de cobro de dinero. Entendemos que la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor tengan posiciones distintas. En un Estado de Derecho las controversias se resuelven con base en las razones, la deliberación y las normas aplicables. Pero lo que no puede ocurrir es que se nos sancione y castigue por acudir al juez constitucional a reclamar nuestros derechos fundamentales. Eso es una forma de acallarnos y amedrentarnos.

¿Cómo puede ser posible que en el momento que se celebran los 30 años de la acción de tutela como instrumento de control frente al abuso del poder, la Dimayor decida usar sus poderes para negar el derecho a reclamar la protección de asuntos como los derechos fundamentales por el mecanismo dispuesto por la Constitución Nacional?

Los poderes privados con alcances y dimensiones públicas están sometidos al orden constitucional vigente. La Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor no son poderes supra constitucionales que puedan decidir si respetan o no la carta de derechos fundamentales. Así lo declaró la Corte Constitucional desde 1997 en la sentencia C-320.

La Acción de Tutela es un derecho constitucional y es el mecanismo con el cual se busca la defensa de todos los otros derechos. La violación a nuestros derechos como la dignidad, la autonomía y la libertad de elegir y ejercer profesión u oficio, se suma una nueva violación directa a los derechos de acceso a la justicia, al debido proceso y a la defensa, las garantías básicas y mínimas de todo estado de derecho. Es inaudito que esto esté pasando en Colombia.

Tanto la Federación como al Dimayor agumentan que las peticiones presentadas resulten en una afectación a su buen nombre. Claramente, no es así. Respetamos las dos instituciones y lo que pretendemos es que se atengan a las decisiones que adopta la jurisdicción deportiva reconocida en el orden constitucional y legal vigente. El buen

nombre y la imagen de las dos entidades sólo se ve comprometida por sus propios actos, por tomar decisiones irrazonables, desproporcionadas y contrarias a los fundamentos del Estado Social de Derecho que es Colombia.

Los 30 años de la Constitución de 1991 coinciden con los 200 años de la Constitución de 1821. Para aquel momento, la libertad todavía no era una realidad. Aunque muchos de los criollos podían, en ese entonces, acceder a la justicia y reclamar sus derechos de mejor manera, muchas personas, como las mujeres, las comunidades indígenas o la población negra y afrodescendiente, no lo podían hacer. La posibilidad plena de toda persona para reclamar judicialmente sus derechos más básicos es una conquista política y social que encuentra su máxima expresión en el derecho de presentar acción de tutela para proteger cualquier derecho fundamental. No se requiere ser ciudadano o ciudadana, tan sólo ser una persona con dignidad.

Las conquistas democráticas de la Constitución de 1991, que han puesto la dignidad humana en el centro del sistema jurídico no pueden ser desconocidas por la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor.

Lo que hacen estas entidades privadas es una secuencia de actos inconstitucionales, arbitrarios y discriminatorios. Se amparan en el derecho de libre asociación, se atribuyen funciones judiciales que ni la Constitución ni la Ley les han otorgado para imponer sanciones y castigos, disponiendo de la carrera profesional de nosotros, los jugadores, quienes nada tenemos que ver con esas condenas. Están instrumentalizándonos y atropellando nuestra dignidad humana, y peor aún, cuando solicitamos ante los jueces de tutela que se protejan nuestros derechos fundamentales, quieren sancionarnos con el fin de acallarnos y amedrentarnos.

Esperamos que la justicia en Colombia detenga estos actos abusivos y desproporcionados y se nos permita prontamente jugar en la cancha, en los torneos competitivos, en donde podemos realizar nuestros sueños y nuestras libertades.

Los suscritos:

Felipe Aguilar Mendoza
Ruyery Alfonso Blanco Yus
Yeison Estiven Guzmán
Dorlan Mauricio Pabón Ríos
Nelson Daniel Palacio Ruiz

Carlos González Puche
Director Ejecutivo
ACOLFUTPRO

Luis Alberto García Suárez
Secretario General
ACOLFUTPRO