El viernes 23 de abril del 2021, por intermedio de su apoderado, el Doctor Jairo Rubio Escobar, ex Superintendente de Industria y Comercio, ACOLFUTPRO presentó denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio por la comisión de prácticas anticompetitivas en el mercado de los futbolistas profesionales por parte de los clubes del fútbol profesional colombiano, auspiciadas por la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su rol de autoridad nacional de competencia, publicó el pasado 28 de noviembre un comunicado oficial en el que formuló pliego de cargos contra la Dimayor y 16 clubes profesionales. El texto del comunicado señaló que esta decisión tiene “el fin de establecer si estos agentes habrían limitado la libre competencia en el mercado de los derechos deportivos de los jugadores de fútbol colombiano, al impedir la transacción de al menos 16 jugadores entre el año 2018 y lo corrido del 2021”.

El comunicado también dice que “la Superintendencia formuló pliego de cargos contra veinte (20) personas naturales vinculadas con los agentes investigados; esto con el fin de determinar si habrían permitido la colaboración, facilitación, autorización o ejecución de las conductas investigadas”.

La SIC anunció también que “podrá imponer multas hasta de CIEN MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (100.000 SMLMV) por cada infracción al régimen de libre competencia, y de hasta DOS MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (2.000 SMLMV) por cada infracción a quienes colaboren, faciliten, autoricen, ejecuten o toleren las conductas anticompetitivas”.

La determinación adoptada por la SIC implica que la autoridad de competencia de nuestro país llegó a la conclusión de que existen elementos de juicio de que en el mercado de futbol colombiano se realizan prácticas comerciales restrictivas de la competencia, como lo denunció ACOLFUTPRO el 23 de abril de este año.

Este hecho marca un precedente muy importante en la labor de ACOLFUTPRO por defender los derechos de sus asociados, ya que demuestra que las denuncias que ha se han venido realizando por la vulneración de los derechos de los futbolistas profesionales, tienen fundamento constitucional y legal.

Queda claro que los reglamentos expedidos por la FCF y la Dimayor atentan contra los derechos fundamentales de los futbolistas, los que las autoridades gubernamentales están obligados a garantizar a todos los colombianos, cumpliendo con sus funciones de inspección, vigilancia y control, por lo que los futbolistas profesionales de Colombia, representados por ACOLFUTPRO, se harán parte dentro de esta investigación para hacer respetar los derechos que les han sido vulnerados impunemente por parte de los directivos del fútbol en Colombia.

El doctor Jairo Rubio Escobar, ex Superintendente de Industria y Comercio, quien ha sido nuestro apoderado, explicó en rueda de prensa virtual, el pasado 30 de noviembre, los alcances de la decisión adoptada por la SIC.

Sobre la denuncia presentada por ACOLFUTPRO

La denuncia parte bajo la premisa de que la libre competencia también aplica al mercado laboral. Comenzamos a revisar las conductas que vienen realizando tanto los equipos profesionales como la Dimayor y la FCF. La presentamos en abril, la complementamos en julio y de nuevo lo hicimos la semana pasada. A nuestro parecer, los clubes, con el auspicio de la Dimayor y la Federación, vienen realizando prácticas restrictivas de la competencia”.

Presentamos pruebas documentales de directivos a los demás equipos para que esos futbolistas no sean contratados. Pero no solamente eso, hacen acuerdos para efectos de no contratar a un futbolista que renuncie a la vinculación en el último año de contrato.

¿Cuál es el objetivo?

Que todo aquel estatuto que esté contra la competencia libre del trabajo se replantee. La finalidad de todo es que esto no se vuelva a presentar, por el bien de cada una de las partes involucradas, brindándose garantías.

¿Qué sigue?

Los investigados tienen 20 días hábiles para solicitar y aportar las pruebas que pretendan hacer valer dentro de su derecho que tienen de defensa. Ahora, los equipos tienen tres caminos a seguir.

¿Cuáles son los tres caminos?

1. Ejercer su defensa con pruebas.

2. Ofrecer garantías, asumiendo obligaciones y dando la seguridad que el mercado se verá libre de cualquier distorsión. Así se cerraría la investigación, sin ninguna sanción.

3. Acogerse a programas de beneficios por colaboración.

¿Qué es esto?

Que si un club reconoce que incurrió en esas conductas y muestra que quiere colaborar y entrega pruebas contundentes, podría recibir una excepción del 100% de la sanción.

¿En qué puede terminar este proceso?

Luego de los 20 días, el superintendente mira las pruebas y decide si se sanciona o no, aclarando que el 95% de los casos terminan en sanción. Además se darán una serie de lineamientos para garantizar que se cumpla con lo establecido