ACOLFUTPRO solicitó revocar resolución de MinTrabajo que vulnera el derecho de asociación de esta agremiación

ACOLFUTPRO interpuso un recurso legal ante el Ministerio del Trabajo para solicitar la revocatoria directa de la Resolución No. 4262 del 13 de noviembre de 2025. Esta acción busca corregir lo que la asociación califica como una «ilegalidad manifiesta» que resultó en la cancelación de su registro sindical.

¿En qué consiste la solicitud?

La revocatoria directa es un mecanismo que permite a la administración pública anular sus propios actos cuando estos son contrarios a la Constitución o a la ley. En este caso, ACOLFUTPRO argumenta que el Ministerio del Trabajo emitió la resolución basándose en hechos inexactos y sin tener la competencia para hacerlo.

Los motivos de la reclamación

La asociación fundamenta su petición en los siguientes puntos:

Falta de ejecutoria: El Ministerio canceló el registro basándose en una sentencia que aún no estaba en firme, ya que se encontraba en trámite un recurso de casación ante la Corte Suprema.

Usurpación de funciones: La autoridad administrativa actuó por solicitud de los abogados de la FCF y la DIMAYOR, y no por una orden expresa emitida por el juez del caso.

Falsa motivación: La resolución se fundamentó en una realidad jurídica inexistente en ese momento, vulnerando el debido proceso y la seguridad jurídica de la organización.

Desatención de advertencias: ACOLFUTPRO había informado previamente al Ministerio sobre el estado del proceso judicial para evitar que se tomaran decisiones apresuradas, pero dicha comunicación no fue considerada.

¿Por qué se presenta esta acción?

La motivación es proteger la integridad de ACOLFUTPRO y la de todos sus miembros. No se puede permitir que:

  • Se ignoren las pruebas: El Ministerio no valoró adecuadamente las evidencias presentadas por ACOLFUTPRO sobre cómo se obstaculiza su labor sindical.
  • Se premie el silencio: Mantener esa resolución dejaría un precedente peligroso, permitiendo que se vulneren los derechos de asociación sin que haya consecuencias para quienes los incumplen.
  • Falle el debido proceso: La ley exige que las autoridades actúen con transparencia y rigor, algo que no ocurrió en este caso.