Es inadmisible que el Ministerio del Deporte afirme que el Reglamento de la Liga Femenina 2026 cumple con la ley, cuando en realidad permite que más de 100 futbolistas compitan sin contrato de trabajo ni seguridad social. Resulta preocupante que se utilice la «autonomía deportiva» como una patente de corso para ignorar el ordenamiento jurídico nacional y justificar la informalidad laboral.
El Ministerio recurre erróneamente al artículo 33 de la Ley 181 de 1995, una norma de hace tres décadas que se refiere al registro de derechos deportivos y no a la inscripción de jugadoras sin contrato en torneos profesionales.
Esta interpretación ignora la evolución legal y constitucional, que a partir de la Sentencia C-320 de 1997, reconoce el estatus de trabajadores a los deportistas basándose en la realidad de su subordinación y no en etiquetas arbitrarias de «aficionados a prueba». Además, esta postura desconoce lo establecido en la Reforma Laboral, Ley 2466 de 2025, que en su Artículo 39 obliga a vincular mediante contrato de trabajo especial a todo deportista bajo subordinación.
Es inaceptable que el Ministerio no haga cumplir el principio de la realidad sobre las formas tratando de justificar que las futbolistas compitan protegidas únicamente por simples pólizas, las cuales les niegan la cobertura que la Constitución garantiza a todos los trabajadores en Colombia.
Por ello, y en cumplimiento de la Sentencia SU-386 de 2023, ACOLFUTPRO ha solicitado formalmente el acto administrativo con el que se aprobó este reglamento. Es imperativo revisar bajo qué fundamentos se dio vía libre a un documento que representa un grave retroceso para los derechos de las mujeres futbolistas.
