La decisión de la Dimayor de reducir de 30 a 25 el número de futbolistas inscritos por club en la Liga BetPlay ha generado la reacción inmediata de ACOLFUTPRO, que denuncia que esta medida desmejora las condiciones laborales de los futbolistas y genera desempleo directo. Carlos Zuluaga, presidente de la entidad, defendió la decisión asegurando que se trata de “una decisión muy sabia tomada por la Asamblea” y que ahora las determinaciones se sustentan en datos. Según su análisis, el máximo de jugadores que alcanzan a disputar al menos 45 minutos en un semestre es 23, por lo que, en sus palabras, “no es necesario tener 30 jugadores”.
Los datos gremiales desmienten la versión oficial
Sin embargo, los registros de ACOLFUTPRO muestran una realidad distinta. El promedio de futbolistas con al menos 45 minutos en el semestre no es 23, sino 28,05, y si se cuenta la totalidad de los jugadores que tuvieron minutos por equipo, la cifra asciende a 30,6. Estos números evidencian que la medida desconoce la dinámica real del campeonato y que, lejos de optimizar la competencia, recorta oportunidades laborales y aumenta la presión sobre quienes logran ser inscritos. Además, uno de los fundamentos para aprobar la reducción fue que habría “180 futbolistas sindicalizados menos”, lo que constituye un ataque directo a la libertad de asociación protegida por la Constitución y por convenios internacionales de la OIT.
Las voces críticas desde el campo refuerzan esta denuncia. Alfredo Arias, técnico del Junior, advirtió que “se le está haciendo daño a muchísimos jugadores que, como no pudieron jugar, no se pudieron mostrar, van a quedar sin plazas para trabajar. Es mucha, mucha gente que va a quedar sin trabajo”. Arias insistió en que la decisión debería revisarse o al menos acondicionarse mejor, porque el impacto no es solo inmediato: también compromete el futuro de una generación de jóvenes que quedará sin la posibilidad de seguir desarrollándose en el fútbol profesional.
Carlos Bacca, referente del mismo club, también manifestó su inconformidad. Recordó que equipos como Junior cuentan con más de 30 o 32 jugadores en nómina y que muchos de ellos quedarán sin poder ser inscritos, aunque el club seguirá siendo responsable de pagarles. Para el delantero, la medida no solo afecta a los futbolistas, sino que también genera un problema económico para las instituciones.
Un golpe gremial y laboral
La reducción de inscritos significa menos plazas de trabajo, más desempleo y mayor sobrecarga física para quienes sí logran competir. Además, debilita la organización sindical y contraviene principios de libertad de asociación reconocidos por la OIT. En un contexto donde el fútbol colombiano ya enfrenta precarización laboral, la decisión de la Dimayor aparece como un golpe adicional a la estabilidad de los jugadores.
Desde ACOLFUTPRO reiteramos que el fútbol colombiano necesita más garantías laborales, no menos. Las decisiones deben basarse en datos reales y en diálogo social, no en cálculos que buscan reducir la sindicalización. Lo que está en juego no es solo la competitividad del torneo, sino el futuro de cientos de futbolistas y de las nuevas generaciones que sueñan con vivir del deporte.
