La Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela interpuesta por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en un fallo que reafirma la autonomía de las autoridades de competencia y la legitimidad de las denuncias gremiales presentadas por ACOLFUTPRO en defensa de los derechos de los futbolistas.
La tutela fue presentada por la Dimayor en el marco del proceso administrativo sancionatorio iniciado por la Superintendencia en 2021, tras las denuncias formuladas por ACOLFUTPRO por prácticas anticompetitivas en el fútbol profesional colombiano. En particular, se investigan posibles acuerdos entre clubes que habrían restringido la libre negociación, movilidad y autonomía de los jugadores, afectando directamente su derecho al trabajo y a la libre competencia.
En su decisión, la Corte Suprema concluyó que la tutela no cumplía con el requisito de inmediatez, ya que fue presentada más de dos años después de la actuación administrativa cuestionada, sin que se acreditara un perjuicio irremediable que justificara el uso de la tutela como mecanismo excepcional. Además, el alto tribunal señaló que la Dimayor cuenta con recursos ordinarios dentro del proceso administrativo, por lo que no se configura una vulneración directa de derechos fundamentales.
Este fallo permite que la Superintendencia continúe con la investigación por presuntas infracciones al artículo 1° de la Ley 155 de 1959, que prohíbe acuerdos entre competidores que limiten la libre competencia. La actuación administrativa se mantiene vigente y avanza hacia una eventual decisión de fondo sobre las conductas denunciadas.
Desde ACOLFUTPRO, este pronunciamiento representa un respaldo institucional a la labor gremial que durante años ha denunciado prácticas que vulneran los derechos de los futbolistas. La organización reafirma su compromiso con la defensa jurídica, la transparencia y la equidad en el fútbol colombiano, y continuará vigilando que se respeten los principios de legalidad y competencia en todos los niveles del sistema deportivo.
Este precedente jurídico fortalece la legitimidad de las acciones gremiales y envía un mensaje claro: los derechos de los futbolistas no pueden ser objeto de acuerdos entre terceros, y las autoridades tienen el deber de investigar y sancionar cualquier conducta que afecte la libre competencia y la dignidad laboral en el deporte.